Según la ENVIPE 2026 del INEGI, la cifra oculta alcanza el 93.4%. Abogados penalistas advierten sobre los riesgos cuando el agresor ostenta poder y la urgencia de activar medidas de protección desde el primer momento.
Por: Rodrigo Pujol Del Toro
El sistema de justicia en México continúa enfrentando una enorme brecha frente a la ciudadanía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2026 del INEGI), durante 2025 se estimaron 33.8 millones de delitos en el país, de los cuales apenas el 9.0% fueron denunciados y la cifra negra llegó al 93.4%.
Más allá de la desconfianza institucional —motivo por el cual el 60.8% de las personas decide no acudir a las autoridades—, existe una realidad menos visible pero igual de alarmante: ¿qué ocurre con las víctimas que sí denuncian cuando el agresor cuenta con poder económico, laboral o familiar?
El reto de denunciar frente a un desequilibrio de poder
Para Lesly Fernanda Valencia González, socia fundadora de Valencia & Asociados, Abogados Penalistas, el proceso no concluye al interponer una denuncia. En muchos casos, este paso inicial abre una etapa de mayor riesgo donde la contraparte puede ejercer presiones económicas, represalias laborales, campañas de desprestigio o incluso contradenuncias para desgastar a la víctima.
Frente a este panorama, la especialista subraya la importancia vital de las medidas de protección, las cuales se encuentran contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 137) y en la legislación de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia:
- Un derecho, no un favor: Las medidas son un mecanismo legal y obligatorio para salvaguardar la integridad de la víctima, su familia o sus testigos, y pueden solicitarse desde el inicio del proceso.
- Tipos de protección: Incluyen la prohibición de acercarse o comunicarse, la separación inmediata del domicilio del agresor, vigilancia policial, traslados temporales e incluso órdenes de emergencia y de naturaleza civil.
- Documentación clave: Conservar pruebas digitales (mensajes, llamadas), registrar cualquier acto de intimidación e informar de inmediato al Ministerio Público ante el menor incumplimiento resulta fundamental para robustecer el caso.
Recomendaciones legales para proteger el proceso
La abogada penalista aconseja a quienes atraviesan por una situación similar buscar asesoría jurídica especializada desde el primer momento, solicitar expresamente las medidas cautelares correspondientes y construir una sólida red de apoyo institucional o personal.
«Una persona que denuncia no debería tener que elegir entre buscar justicia y sentirse segura. La denuncia abre una investigación, pero la protección permite que la víctima pueda atravesar ese proceso sin quedar nuevamente expuesta», concluye Valencia González.
Nota del editor: Romper el silencio es un acto de valentía inmenso que merece todo el respaldo del Estado y de la sociedad. Exigir justicia sin poner en riesgo la integridad física o emocional es un derecho fundamental que debemos garantizar para todas las víctimas.
Para contactar al editor escribe: editor@thunder.mx.
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